Represa Chixoy, Guatemala
Durante más de 20 años, las comunidades afectadas por la Represa Chixoy han exigido las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por el proyecto, construido durante la dictadura militar más represiva de Guatemala. El aprovechamiento hidroeléctrico Chixoy–Pueblo Viejo, financiado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, se construyó sobre el Río Chixoy a principios de los años 1980 y fueron desplazadas forzosamente más de 3500 miembros de comunidades mayas. Más de 6000 familias que vivían en la zona también sufrieron la pérdida de sus tierras y modos de sustento. Cuando los miembros de las comunidades se opusieron a la reubicación y exigieron mejor compensación, fueron masacrados, torturados y secuestrados.
Durante muchos años, los sobrevivientes han vivido en extrema pobreza pero nunca renunciaron a su exigencia de justicia. Los dirigentes comunitarios pidieron que la International Rivers les acompañara en su lucha para conseguir reparaciones y rendición de cuentas por parte del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. En el año 2003, la International Rivers – en conjunto con las comunidades y con las ONGs internacionales Derechos en Acción y la Campaña para la Reforma del Banco Mundial, encargaron al Centro de Ecología Políticaen la Universidad de Santa Cruz para realizar un estudio independiente para documentar los daños y las pérdidas causados por la represa.
El informe finalizado en marzo del 2005 concluye que el desarrollo de la represa se hizo a costa de la pérdida de vidas, tierras, y economías locales, violó las leyes nacionales e internacionales, y causó miseria extrema en las comunidades que antes tenían un modo de vida sostenible. El estudio, en cinco tomos, recomienda la creación de un proceso de negociación que produzca como resultado un acuerdo legalmente obligatorio entre el Gobierno, las Comunidades y las Instituciones Financieras.
En septiembre del 2004, 3000 miembros de las comunidades hicieron una protesta pacífica en el sitio de la represa. La protesta terminó, después de dos días, con un acuerdo firmado entre el Gobierno y los dirigentes de las Comunidades, para crear una comisión con el fin de verificar los daños sufridos por la Comunidad, con miras a negociar un acuerdo para la indemnización de los daños causados. La Comisión comprende representantes del Gobierno guatemalteco, el Banco Mundial, y el Banco Interamericano de Desarrollo, y la facilita un representante de la Organización de Estados Americanos. La primera sesión oficial de la Comisión se reunió el 13 de diciembre del 2005.
Las Comunidades abrigan la esperanza de que el proceso de negociaciones conduzca hasta una resolución exitosa que incluya la restauración de su tierra productiva; acceso al agua potable y electricidad; desarrollo económico; programas educativos y sociales; y reconciliación y reparaciones con relan a la violencia que acompañó a la construcción de la represa.
La International Rivers y el Centro Legal para la Defensa Ambiental han colaborado para conseguir la representación pro–bono del bufete jurídico estadounidense de Holland y Knight a las Comunidades en esta mesa de negociaciones. Continuamos dando seguimiento al proceso de negociaciones y apoyando a las comunidades.
Carta al Juez Najaro pidiendo el levantamiento de cargos penales en contra de líderes de COCAHICH
El Estudio de los Elementos del Legado de la Represa de Chixoy
