Nuevo presidente de Chile enfrenta difícil elección sobre represas

Date: 
Wednesday, June 30, 2010

Publicado en Eco-Américas Julio 2010

El gobierno de centroderecha del nuevo presidente chileno Sebastián Piñera está acercándose a su primera gran decisión ambiental: si debe aprobar HidroAysén, un controvertido proyecto de US$7,000 millones para construir cinco represas hidroeléctricas sobre dos ríos de la Patagonia chilena.

HidroAysén, patrocinada conjuntamente por dos empresas energéticas, la italiana Endesa y la chilena Colbún, debe presentar un segundo adéndum a su declaración de impacto ambiental antes de que se expida una resolución final. La presentación del adéndum, programada ahora para el 29 de octubre después que el gobierno otorgó este mes a HidroAysén una extensión de cuatro meses, montará el escenario para dicha resolución, que debe ser expedida por la Comisión Regional del Medio Ambiente de Aysén.

Las represas, proyectadas sobre los ríos Baker y Pascua en la sureña Aysén, tendrían una capacidad instalada de 2,750 megavatios, o 21% del uso actual de energía en la región metropolitana de Santiago, la capital chilena. Los grupos ecologistas sostienen que el proyecto alteraría dos cuencas prístinas para satisfacer la demanda energética que Chile podría cubrir con modalidades más sostenibles. Los proponentes, por su parte, resaltan los beneficios económicos de la hidroelectricidad y señalan sus beneficios para la protección del clima en comparación con las centrales impulsadas por combustibles fósiles.

Pronto, todos los ojos estarán sobre Piñera

“La línea oficial del gobierno hasta ahora ha sido que tener represas en Aysén es interesante, pero que el proyecto debe primero cumplir con todos los requisitos legales”, dice Peter Hartmann, director de la oficina de la Región Aysén del grupo chileno Comité Nacional pro Defensa de la Fauna y Flora (Codeff). “Pero eso es falso. La decisión final sobre si aprobar HidroAysén, como con otros estudios de impacto ambiental, es una decisión política”.

El debate sobre el proyecto hidroeléctrico es intenso. El no gubernamental Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP), coalición de 34 organizaciones internacionales y chilenas, ha intensificado su lucha contra las represas. Ha puesto anuncios a página completa sobre la cuestión en uno de los principales diarios de Santiago, La Tercera, casi cada semana desde fines de abril. El 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, tuvieron lugar marchas y protestas contra las represas en Santiago, Concepción, Temuco, Valdivia y Coyhaique.

HidroAysén, entretanto, ha incrementado sus esfuerzos de cabildeo. A inicios de mayo, Fulvi Conti, presidente de la empresa energética chilena Enel, dueña de Endesa, se reunió con el presidente Piñera para cabildear personalmente por la rápida aprobación del proyecto. Conti dijo que la meta es tener la aprobación final para fines de 2010.

“Tenemos que comunicar mejor al público que HidroAysén es un proyecto que no sólo agregará valor económico, sino valor social”, dijo Conti al diario santiaguino El Mercurio.

Movidas de alto perfil

En ese respecto, HidroAysén dijo en abril que había contratado a Daniel Fernández, ex director ejecutivo de TVN, la más grande red televisiva de Chile, para que se desempeñe como su vicepresidente ejecutivo. También hizo una donación de US$10 millones en mayo para los esfuerzos de recuperación del terremoto de febrero, haciendo amplio uso de la oportunidad para abogar por las represas. Después de presentar un cheque de tamaño gigante a Piñera en ceremonia pública, el presidente del directorio de Enersis, la compañía matriz de Endesa, instó a Piñera a buscar un “equilibrio” que permita la aprobación del proyecto HidroAysén. “Creemos que ha habido una exageración quizás por parte de ciertas autoridades en el pasado, por las exigencias demasiado grandes que se nos han hecho, y creo que en ese sentido es donde tenemos que llegar a un punto de equilibrio”, dijo Pablo Yrarrázaval, presidente del directorio.

Los comentarios de Yrarrázaval suscitaron reproches de la ex ministra chilena de medio ambiente, Ana Lya Uriarte. “HidroAysén no es imprescindible para Chile”, dijo a la prensa. “Hablaría muy mal del país que su futuro energético dependiera de un solo proyecto. Todas las palabras que emita la empresa sólo reflejan su propio interés particular; lo importante es que el país trabaje por los intereses de todos los chilenos”.

La aprobación del gobierno no es la única valla que enfrenta HidroAysén. Otra es el costo. Directivos de la empresa revelaron recientemente que sus estimados presupuestarios para el proyecto han aumentado en US$2,000 millones, totalizando $7,000 millones. Son $4,000 millones para construir las represas y $3,000 millones para una línea de transmisión de 2,300 km que vincule las represas con Santiago. Para 2012 se espera un estudio de impacto ambiental para la línea de transmisión, que atravesaría parques y reservas naturales.

Entretanto, diversas impugnaciones legales presentadas contra el proyecto están pendientes. Entre ellas hay dos reclamaciones enviadas en los últimos dos años al organismo bilateral encargado de alentar a ambas partes del Tratado de Libre Comercio Chile-Canadá a aplicar sus respectivas leyes ambientales. El organismo, la Comisión para la Cooperación Ambiental Chile-Canadá, notificó al gobierno chileno en abril que debía responder a las reclamaciones presentadas por el CDP.

La comisión no puede sancionar

Aunque la comisión no está facultada para sancionar, puede ordenar la preparación de un registro factual detallado que podría hacerse público. “El derecho internacional no tiene precedencia sobre un tribunal ordinario dentro de un país soberano, pero si se encuentra que un país no ha cumplido con su propia legislación ambiental, obviamente esa nación perderá el respeto en la comunidad internacional”, dice Marcelo Castillo, abogado chileno que representa al CDP.

En sus dos reclamaciones, presentadas en junio de 2008 y 2009, el CDP denuncia que el gobierno chileno ha violado sus obligaciones contenidas en un tratado bilateral de 1991 con Argentina concerniente a recursos hídricos compartidos. Dicho tratado estipula que todo proyecto que afecte las vías fluviales compartidas por los dos países debe ser coordinado con el otro país y debe ser aprobado por ambos países. El CDP sostiene que en vez de buscar primero la aprobación de Argentina a HidroAysén, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de Chile ha dado “ilegalmente” al proyecto una concesión energética provisional para que pueda hacer trabajos preliminares conducentes a la construcción de las represas.

Amanda Maxwell, encargada para América Latina del Natural Resources Defense Council (NRDC), con sede en Estados Unidos, dice que su grupo espera que el examen de HidroAysén por parte de la comisión ambiental Chile-Canadá motive que los chilenos tomen nota y “exijan alternativas”. “Si después de casi dos años de presentar datos insuficientes y erróneos”, dice Maxwell, “HidroAysén demuestra su indiferencia por una investigación y planificación adecuada repitiendo este patrón en su segundo adéndum, creemos que el gobierno debe rechazar de plano el proyecto”.

Por Jimmy Langman en Coyhaique, Chile